Una de las situaciones más molestas del día a día con el teléfono móvil son, sin duda, las llamadas comerciales no solicitadas. En los últimos años, hemos pasado de recibirlas tan solo de forma puntual a convivir con ellas prácticamente a diario. En muchos casos, además, se trata de llamadas fraudulentas con intentos de estafa cada vez más sofisticados. Imagen de archivo de una mujer cogiendo una llamada desconocida en su teléfono móvil KIENGCAN / Freepik A pesar de los filtros y de las listas de exclusión, como la conocida lista Robinson, este tipo de comunicaciones siguen llegando con relativa facilidad, a menudo utilizando números móviles convencionales o incluso suplantando identidades. Por ello, el Gobierno lleva tiempo trabajando en nuevas medidas para limitar estas prácticas y reforzar la protección de los usuarios. En este contexto, el Ejecutivo ha aprobado una nueva orden ministerial que obligará a todas las empresas a realizar sus llamadas comerciales a través de números que comiencen por el prefijo 400. La medida, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, forma parte del ‘Plan Antiestafas’ y entrará en vigor en octubre, una vez finalice el plazo de adaptación para las operadoras.
El objetivo principal es que cualquier usuario pueda identificar de forma inmediata que se trata de una llamada comercial antes incluso de descolgar. Además, los operadores estarán obligados a bloquear automáticamente todas aquellas comunicaciones de venta que no utilicen este prefijo, cerrando así una de las principales vías que utilizan actualmente muchas empresas para saltarse los controles.
Otra de las claves de este nuevo sistema es su funcionamiento unidireccional. Es decir, los usuarios podrán recibir llamadas desde números que empiecen por 400, pero no podrán devolverlas. Según el Gobierno, esta limitación busca evitar fraudes basados en la devolución de llamadas a números desconocidos, una técnica habitual en estafas telefónicas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una reunión en el Palacio de la Moncloa, en Madrid Kiko Huesca / EFE La normativa también obligará a las compañías telefónicas a ofrecer a sus clientes la opción de bloquear por completo este tipo de comunicaciones. De este modo, cualquier persona podrá decidir no recibir llamadas comerciales de forma automática, sin necesidad de recurrir a registros externos o aplicaciones adicionales. En caso de incumplimiento, los usuarios podrán denunciar las llamadas ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que serán las encargadas de supervisar la aplicación de la norma y sancionar a las empresas que no respeten el nuevo sistema.
